La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un empresario agrícola a un año y nueve meses de prisión y multa de 300.000 euros por un delito de fraude de subvenciones y a la mercantil a otra del mismo importe, así como a no poder acceder a ayudas públicas y beneficios fiscales durante cuatro años. Además, ambos tendrán que indemnizar forma solidaria al Ministerio de Industria Comercio y Turismo con 194.708’03 euros. Leer más